Ya está en vigor la Ley 5/2018, más conocida como la ley de desahucio exprés, una normativa que fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso en abril y cuyo principal objetivo es acelerar el desalojo de las mafias que okupan viviendas de forma ilegal. El fenómeno de la okupación, uno de los principales miedos para cualquier propietario, ha ido creciendo en los últimos tiempos, con los problemas y costes que conlleva para los titulares legítimos de los inmuebles. Se calcula que en España hay entre 85.000 y 90.000 viviendas okupadas, y que la usurpación de los inmuebles residenciales tiene un coste de unos 21 millones de euros al año solo en Madrid y Barcelona. Con estas cifras sobre la mesa, el mercado inmobiliario necesitaba un cambio normativo para acelerar los desalojos de okupas que proceden de mafias bien organizadas, sobre todo teniendo en cuenta que la recuperación de una vivienda no resultaba fácil por la vía civil y que las alternativas eran poco eficaces. Como explica Salvador Salcedo, socio del despacho de abogados Ático Jurídico, “el ejercicio de la acción de desahucio por precario era una las opciones, aunque planteaba un problema: en una ocupación ilegal no hay un uso tolerado por el propietario, ni ningún tipo de relación previa con el ocupante, como ocurre con el precario. Otras alternativas que tampoco resultaban efectivas eran instar la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa y el ejercicio de otras acciones al amparo de la Ley Hipotecaria”. Una normativa que se ha retrasado más de lo esperado: a pesar de que su entrada en vigor estaba prevista para antes del verano, el cambio de Gobierno ha pospuesto su aprobación definitiva en las Cortes. Por eso, recalca el abogado, la reforma no podía hacerse esperar más: era necesario “dar una respuesta eficaz a esta problemática, acortando los plazos para que sea efectiva la recuperación de la vivienda okupada en un menor tiempo, evitando tener que recurrir a la vía penal”, que es otra alternativa que siempre ha estado sobre la mesa. El objetivo de la ley que entró en vigor el pasado 2 de julio: agilizar el desahucio a través de la vía civil, aunque no está disponible para cualquier propietario. Tal y como había aprobado la Comisión de Justicia del Congreso a propuesta del PDeCat y con el apoyo de los partidos PP, Ciudadanos y PNV, solo podrán beneficiarse de esta solución de desahucio exprés los particulares, las entidades sin ánimo de lucro y las Administraciones Públicas que sean dueñas legísticas de los inmuebles okupados. Así, quedan fuera de la normativa tanto los bancos como otros grandes tenedores de viviendas como pueden ser las inmobiliarias o los fondos de inversión. Pero, ¿cómo funciona? Desde Ático Jurídico recuerdan que “las demandas que se presenten podrán dirigirse contra los ocupantes del inmueble, en caso de desconocer su identificación, sin perjuicio de que las mismas puedan entregarse a quien se encuentre en la vivienda okupada al tiempo en que se practiquen las notificaciones”. ¿Y cuánto tarda el procedimiento? La normativa contempla un plazo de tiempo breve. “Si el demandante ha solicitado la inmediata entrega de la posesión, el Juzgado dictará decreto requiriendo a los okupas para que en el plazo de 5 días aporten el título que justifique su posesión, y de no hacerlo dictará auto ordenando la inmediata entrega contra el que no cabrá recurso alguno”, aclara Salcedo, quien añade que “la oposición a la demanda solo podrá fundarse en la existencia del título de posesión por parte del ocupante para poseer o en la falta de título por parte del demandante”. Así, recalca el abogado, “la sentencia podrá ejecutarse sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días de espera previsto para la ejecución de resoluciones de condena”. El cumplimiento de los plazos, la gran duda Para los economistas y expertos del mercado inmobiliario, la entrada en vigor de la normativa podría animar a más propietarios a sacar al mercado sus viviendas vacías en un momento en el que la demanda está superando la oferta disponible y como consecuencia se están tensionando los precios. Los juristas, sin embargo, tienen dudas sobre la capacidad real del sistema para cumplir unos plazos tan breves de tiempo. A pesar de que están convencidos de que la normativa acortará el tiempo necesario para recuperar una vivienda, alertan de que habrá que esperar para comprobar si realmente la justicia puede onseguirlo con la sobrecarga de trabajo que tienen. Fuente: www.idealista.com/news