2023-05-15
La primera Ley de Vivienda en España está en proceso de aprobación y se espera que sea implementada antes de las elecciones del 28 de mayo de 2023. Esta ley, centrada en la regulación del sector de alquiler de inmuebles, cubrirá varios aspectos clave del sector inmobiliario y proporcionará medidas para ayudar al acceso a la vivienda, regular los desahucios y limitar los precios de alquiler en áreas tensionadas.
**Aspectos clave de la Ley de Vivienda:**
1. **Zonas Tensionadas:** Las condiciones para declarar una zona como tensionada se facilitarán, cubriendo más áreas para la aplicación de medidas de control. Una zona será declarada tensionada si cumple uno de dos requisitos: un aumento de más de 3 puntos porcentuales en el valor del IPC en los últimos 5 años, o si el precio medio de la vivienda supera el 30% de los ingresos medios de la zona.
2. **Definición de Grandes Tenedores:** Las personas físicas o jurídicas que posean 5 o más viviendas en zonas tensionadas o hasta 10 viviendas en zonas no tensionadas se clasificarán como grandes tenedores.
3. **Límite de Actualización Anual del Alquiler:** Desde enero de 2024, las actualizaciones de los alquileres estarán limitadas a un máximo del 3% y no estarán vinculadas al IPC.
4. **Regulación del Precio de Alquiler en Zonas Tensionadas:** Los precios de alquiler para nuevos contratos en zonas tensionadas estarán regulados y limitados, con diferentes topes según el tipo de contrato y el propietario.
5. **Traslado de Honorarios de la Inmobiliaria al Casero:** Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán a cargo del arrendador.
6. **Prohibición de Aumentar el Precio del Alquiler con Gastos Extras:** No se permitirá aumentar el precio del alquiler añadiendo nuevos gastos.
7. **Prohibición de Acuerdos Contrarios a la Ley de Vivienda:** Se eliminarán las cláusulas que permiten la no aplicación de las medidas de la ley si existe un acuerdo entre las partes.
8. **Medidas de Protección contra Desahucios:** La nueva ley establece varias medidas para proteger contra los desahucios, incluyendo el fin de los desahucios sin fecha predeterminada y la inclusión de nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento.
9. **Beneficios Fiscales para Propietarios:** Los pequeños propietarios en zonas tensionadas recibirán incentivos fiscales en el IRPF para compensar la limitación del precio de los nuevos contratos de alquiler.
10. **Recargo del IBI para Viviendas Vacías:** Para las viviendas que han estado vacías durante más de dos años y pertenecen a propietarios con más de cuatro viviendas en el mismo municipio, se permitirá a los ayuntamientos aumentar la tasa del IBI con un recargo de hasta el 150%.
La ley se encuentra actualmente en revisión y aprobación final por el Senado antes de su entrada en vigor y su inclusión en el BOE.
Läsa mera...
2018-12-18
El pasado viernes 14 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler , que contempla un conjunto de medidas de carácter urgente para mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el alquiler asequible. Esta pretensión de la nueva norma exige modificaciones en cinco normas: la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley sobre Propiedad Horizontal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Las medidas que contempla el Real Decreto-ley son las siguientes:
I. MEJORA DE LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER
Se modifica la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (LAU), introduciendo las siguientes modificaciones que afectan a los contratos del alquiler:
1. AMPLIACIÓN PLAZO DE PRÓRROGA LEGAL: Se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica). Es decir, aumenta el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada.
2. AMPLIACIÓN PLAZO PRÓRROGA TÁCITA: Se amplía el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años. Se trata del plazo temporal por el que se amplía el contrato una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.
3. LIMITACIÓN GARANTÍAS ADICIONALES: Se limitan las garantías adicionales a la fianza, hasta un máximo de dos mensualidades, salvo que se trate de contratos de larga duración. De esta forma, se limita la carga económica que en ocasiones genera al inquilino la firma de un nuevo contrato, a través de un aval o depósito bancario que se suma a la cuantía de la fianza.
4. MEJORAS EN LA VIVIENDA: Se facilita la adopción de acuerdos entre el propietario y el inquilino para la renovación o mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato de arrendamiento.
5. GASTOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA A CUENTA DEL ARRENDADOR: Se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica (una sociedad o empresa), salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario.
6. DEFINICIÓN DE CONTRATOS DE ALQUILER TURÍSTICO: Se mejora y aclara la remisión de los contratos de alquiler turístico de vivienda a la
normativa sectorial turística que resulte aplicable.iniciativa directa del arrendatario.
II. MEDIDAS A FAVOR DE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ANTE EL FENÓMENO DEL ALQUILER TURÍSTICO DE VIVIENDAS.
Se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, para habilitar la posibilidad de que, por mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, en las comunidades de vecinos puedan adoptarse acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda, para, de esta forma, favorecer la convivencia en los edificios de viviendas.
III. AUMENTO DE LA PROTECCIÓN A LOS HOGARES VULNERABLES Y MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO DE DESHAUCIO DE VIVIENDAS.
A través de una modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se reforma el procedimiento de desahucio de vivienda, para ofrecer más protección a los hogares vulnerables, mejorando la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes y facilitar la adopción de medidas para atender los casos de las familias de menor capacidad económica, vulnerabilidad social o con mayores cargas familiares, a través del establecimiento de unos trámites y plazos que ofrecen mayor seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios.
IV.MEDIDAS FISCALES A FAVOR DEL ALQUILER DE VIVIENDAS.
Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente, de manera que se reducen las cargas fiscales que conlleva el mercado del alquiler de vivienda habitual.
Además, se modifica la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) contenida en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, incorporando medidas que favorecen el mercado de alquiler de vivienda:
1. Se elimina la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos.
2. Los Ayuntamientos con superávit podrán destinarlo a promover su parque de vivienda pública.
3. Se habilita a los Ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.
4. Se establecen las bases y garantías para la definición del concepto de
inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente, para la aplicación por parte de los Ayuntamientos del recargo en el IBI establecido en el año 2002.
V. MEDIDAS DE FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Con objeto de estimular la realización de obras de adaptación o mejora de la accesibilidad, se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal para aumentar, en un plazo de tres años, al 10 por ciento el fondo de reserva de las comunidades de propietarios, y establecer la posibilidad de que se destine a la realización de obras en materia de accesibilidad, en un contexto demográfico, en el que cada vez hay más personas en situación de movilidad reducida que encuentran gravemente limitados sus derechos por la existencia de
barreras físicas en sus edificios.
Asimismo, se establece la obligatoriedad de las obras de accesibilidad establecidas legalmente cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75 por ciento del importe de las mismas.
Läsa mera...